¿Qué es el ACTA? (y por qué debe importarle)

Por: J. Antonio García Macías (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
MUNDO DIGITAL

Introducción
Desde hace mas de un año se discute en México un tema de gran importancia pública que, pese a su relevancia y posibles consecuencias, ha recibido escasa difusión por parte de televisoras, cadenas radiofónicas o medios impresos. Se trata del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Este es un tratado internacional plurilateral que en Octubre de 2007 fue anunciado simultáneamente por Estados Unidos, la Comunidad Europea, Suiza y Japón. Después se fueron uniendo a la ronda de negociaciones otros países tales como Jordania, Marruecos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, ... y México no se quedó atrás.

Lo que busca el ACTA
Si se consultan los documentos oficiales disponibles, se podrá leer que el ACTA busca “establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de tener una lucha más eficiente en contra del problema de falsificación y piratería”. Por supuesto, por tener este objetivo los mas interesados son los representantes de las industrias de entretenimiento, moda y farmacéuticos. Cuando el ACTA llegó a México, aparte de los representantes de estas industrias se unieron a las negociaciones autoridades de organismos tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Economía (SE).

 


Por su naturaleza, lo que se acuerde mediante el ACTA tendrá un gran impacto sobre los usuarios de medios de información y comunicación, entre los que se encuentran el Internet. De acuerdo al ACTA, los proveedores de servicios de Internet (ISP por las siglas en inglés de Internet Service Provider) estarán facultados para monitorear el tráfico de la red e incluso cortar la conexión al usuario que comparta o modifique archivos protegidos por la propiedad intelectual. O sea, que los ISP jugarán no solamente el rol de proveedor de un servicio, sino también de policía del mismo, pudiendo husmear entre los datos de sus usuarios con el pretexto de buscar contenidos producto de la piratería.

Precisamente un punto que los opositores del ACTA señalan como nocivo es el discurso reduccionista de sus promotores, que buscan generar en la opinión pública un debate simple, donde los creadores de contenidos reclaman a los usuarios piratas porque están consumiendo estos contenidos sin pagarles. Sin embargo, también señalan, la esencia del debate es mas compleja, pues todos los involucrados se encuentran ante un entorno digital que ofrece posibilidades con las cuales no se contaban anteriormente. Por lo tanto, en vez de tratar de utilizar los modelos de negocios, creación, reproducción y distribución de contenidos de otros tiempos, se deberían buscar soluciones creativas para adaptarse a estos nuevos tiempos y entornos. Algunas alternativas han sido ofrecidas por organismos tales como Creative Commons y por modelos de protección de contenidos tales como Copyleft.

Negociaciones no muy abiertas
Si el ACTA involucra tanto a los creadores de los contenidos, como a los usuarios de estos, lo normal sería incluir en las negociaciones los puntos de vista de todos los involucrados. Sin embargo, desde el 2007 que iniciaron las discusiones, se encontró que la transparencia no era la requerida. Como ya en otros países el ACTA había encontrado mucha oposición bajo el argumento que las negociaciones se hacían “en lo oscurito”, entre los gobiernos y los cabilderos industriales, en México se dijo que se haría lo que otros países ya estaban haciendo: abrir públicamente las discusiones.

Sin embargo, estas discusiones públicas tuvieron un muy mal inicio, pues de públicas no tenían mucho. Uno imagina una consulta ciudadana como un espacio donde cualquier ciudadano puede acudir libremente cuando menos a escuchar la discusión y tomar registro de lo allí ocurrido. Pero resulta que en la primera consulta ciudadana, realizada en la Ciudad de México en enero 2010, para ingresar se tenía que presentar identificación oficial, llenar un formulario con datos personales y comprometerse por escrito a no divulgar información sobre el contenido de las discusiones. Algunos ciudadanos que estuvieron presentes, en protesta, difundieron via twitter (por supuesto a escondidas) algunas fotografías y mensajes describiendo lo que sucedía. Se suponía que el Canal del Congreso transmitiría la reunión, pero por algún motivo la transmisión falló. Además, varios representantes de las diferentes industrias ahí reunidas, entre ellos el compositor Armando Manzanero, manifestaron abiertamente su descontento porque estuvieran presentes miembros de la sociedad civil. En fin, el hecho es que todo esto inició con el pie izquierdo.

Estado actual de las cosas
Gracias al activismo en Internet, via twitter y sitios como http://www.openacta.org y http://criticapura.com/tag/acta/, por mencionar solo un par de éstos, se ejerció gran presión a las autoridades. Ante ésto, el Senado de la República aceptó la formación de un Grupo Plural de Trabajo (GPT) donde se incluyeron a ciudadanos y representantes de la sociedad civil, para escuchar sus posturas sobre el ACTA. Uno de los asistentes del GPT anota en su sitio web que, inexplicablemente, a reuniones de dicho grupo en el Senado, han acudido representantes de empresas, quienes no tenían nada que hacer allí pues ya tenían sus propias reuniones agendadas. Como sea, es muy positivo que lo que se venía discutiendo en una total opacidad, sin contemplar a todas las partes involucradas, ahora incluya a todos los que se verán afectados por lo que se decida en el ACTA.

 

 

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